¿Qué son las consultas populares y por qué están causando revuelo en Colombia?

Seguramente últimamente has escuchado en las noticias, redes sociales o en conversaciones sobre el futuro del país, hablar sobre la famosa consulta popular. Y sí, parece estar en boca de todos, especialmente cuando se habla del Gobierno Nacional y sus grandes reformas, pero más allá del ruido mediático, ¿entiendes realmente su alcance y por qué un mecanismo de participación ciudadana puede generar tanto debate? Continúa leyendo que te explicaremos qué es y por qué se ha convertido en el epicentro de una de las discusiones políticas más relevantes de los últimos años. 

 

¿Qué es la consulta popular en Colombia?

 

 

Para entender el panorama actual, primero debemos ir a la base. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil y la propia Constitución Política de 1991 (en su artículo 103), la consulta popular es uno de los mecanismos de participación democrática con los que contamos los colombianos. En esencia, es una pregunta de carácter general que el presidente de la república, un gobernador o un alcalde formulan al pueblo para que este apruebe o rechace una decisión de trascendencia para la nación, el departamento o el municipio, según corresponda. 

Piensa en ello como la máxima expresión de la soberanía popular. En una democracia representativa como la nuestra, elegimos a nuestros gobernantes (presidente, congresistas, entre otros funcionarios públicos) para que tomen decisiones en nuestro nombre. Sin embargo, la Constitución también previó momentos en los que una decisión es tan fundamental que requiere un mandato directo de la ciudadanía. La consulta popular es esa vía. 

Entonces, al preguntarnos qué es la consulta popular, la respuesta más precisa es: un instrumento de democracia directa que permite a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones que afectan su futuro colectivo. No se trata de una simple encuesta de opinión; su resultado, si cumple con los requisitos legales, es de carácter obligatorio. 

 

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¿En qué consiste la consulta popular? 

Comprender en qué consiste la consulta popular implica también conocer su proceso, que es riguroso y está diseñado para garantizar su legitimidad. No es tan simple como que un gobernante decida preguntar algo y ya está. Aquí te explicamos las etapas clave: 

 

1. La Iniciativa: ¿quién pone la rueda en movimiento? 

La potestad de convocar una consulta popular no es de cualquiera. Está reservada a las cabezas del poder ejecutivo.: 

• A nivel nacional: el presidente de la república, con la firma de todos sus ministros. 

• A nivel departamental: el gobernador, con la firma de sus secretarios de despacho. 

• A nivel municipal o distrital: el alcalde, con la firma de sus secretarios de despacho. 

Esta primera barrera asegura que la iniciativa provenga de una decisión de gobierno consolidada y no de un capricho individual. 

 

2- El visto bueno jurídico: el control previo de constitucionalidad 

Este es quizás el paso más importante y el que más debates legales suscita. Antes de que la pregunta llegue a las urnas, debe pasar por un filtro judicial para asegurar que se ajusta a la Constitución. 

• Consultas nacionales: la Corte Constitucional revisa la pregunta. Su trabajo es verificar que el asunto sea de trascendencia nacional, que la pregunta sea clara, imparcial y que no busque modificar la Constitución de forma encubierta ni vulnerar derechos fundamentales. 

• Consultas territoriales: los Tribunales Contenciosos Administrativos correspondientes hacen esta revisión para las consultas de gobernaciones y alcaldías. 

Este control evita que se utilice el mecanismo para fines populistas o inconstitucionales, protegiendo la estabilidad del ordenamiento jurídico. 

 

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3- La convocatoria y el umbral: ¡a las urnas! 

Una vez superado el control judicial, se fija una fecha para la votación. Pero para que el resultado sea válido, no basta con ganar. Se deben superar dos umbrales: 

1. Umbral de participación: debe participar al menos la tercera parte del censo electoral vigente. En Colombia, esto representa un desafío enorme. Por ejemplo, si el censo es de 39 millones de personas, necesitarían votar al menos 13 millones. Muchas consultas han fracasado por no alcanzar esta cifra. 

2. Umbral decisorio: la opción ganadora (sea el "SÍ" o el "NO") debe obtener más de la mitad de los votos válidos depositados. 

 

4- El resultado: ¿qué pasa si se aprueba? 

Si se superan ambos umbrales y la opción del "SÍ" resulta ganadora, la decisión del pueblo se vuelve obligatoria. Esto significa que el presidente, gobernador o alcalde, así como el congreso o las asambleas y concejos, están obligados a adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. 

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La fiebre de la consulta popular en 2025: el caso de las reformas de Petro 

 

 

Ahora que tenemos claro qué es la consulta popular en Colombia, podemos entender por qué está en el centro del debate actual. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado serias dificultades en el Congreso para aprobar sus reformas estructurales (salud, pensional, laboral). Ante este bloqueo legislativo, a lo largo de 2024 y con proyecciones hacia 2025, el propio mandatario ha planteado la idea de convocar al constituyente primario, es decir, al pueblo, para que decida directamente sobre estos temas. 

Aquí es donde la discusión se enciende. 

 

• La perspectiva del Gobierno 

Sus defensores argumentan que, si las instituciones representativas (el Congreso) no logran canalizar la voluntad de cambio expresada en las elecciones de 2022, es legítimo y democrático acudir a un mecanismo de participación directa. 

Sería una forma de desbloquear el sistema y darles a los ciudadanos la última palabra sobre el modelo de salud o de pensiones que desean. Utilizar la consulta popular sería, desde esta óptica, una profundización de la democracia. 

 

• La perspectiva de la oposición y los críticos 

Quienes se oponen ven en esta propuesta un riesgo para el equilibrio de poderes. Argumentan que podría ser una estrategia para saltarse el debate democrático y el control político que ejerce el Congreso, debilitando la estructura institucional del país.  

Temen que se use como una herramienta populista para polarizar y que las preguntas puedan ser formuladas de manera tendenciosa para inducir una respuesta. La gran preocupación es que se abra una puerta para legitimar cambios profundos sin el consenso y la deliberación que caracterizan a una república. 

Este debate nos muestra que entender en qué consiste la consulta popular va más allá de la definición legal. Implica analizar sus implicaciones políticas, el contexto en el que se propone y los riesgos y oportunidades que conlleva para la estabilidad democrática. 

 

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Consulta popular vs. otros mecanismos 

Es común confundir la consulta popular con otras herramientas de participación como: 

• Plebiscito: el presidente lo convoca para que el pueblo apoye o rechace una política del Ejecutivo que no requiera aprobación del Congreso. El ejemplo más famoso es el plebiscito por la paz de 2016. Se enfoca en una política específica del gobierno, no en un asunto de trascendencia general. 

• Referendo: busca que los ciudadanos aprueben o deroguen una norma jurídica o un acto legislativo (una ley o una reforma constitucional). Es decir, votamos sobre un texto legal concreto. La consulta, en cambio, vota sobre una decisión o política más general. 

• Cabildo abierto: es una reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la que los habitantes pueden participar directamente para discutir asuntos de interés para la comunidad. Es deliberativo, no decisorio a nivel de votación popular como la consulta. 

 

Como has visto, la consulta popular es mucho más que una simple pregunta. Es un mecanismo complejo, poderoso y de doble filo. Puede ser un catalizador para la participación ciudadana y el cambio social, pero también puede convertirse en una fuente de polarización y un desafío para el equilibrio institucional si no se maneja con la rigurosidad y la responsabilidad que exige. 

El debate actual en Colombia sobre su posible uso para impulsar reformas nos obliga a todos, como ciudadanos, a informarnos y a desarrollar un criterio propio. Pero para aquellos que, como tú, sienten el llamado a liderar, a legislar o a administrar lo público, esta obligación se convierte en una necesidad profesional. 

Entender a fondo estas figuras, analizar sus implicaciones constitucionales y prever sus consecuencias políticas es precisamente el tipo de pensamiento crítico y conocimiento profundo que fomentamos en Areandina. Y para ello están nuestras carreras de Derecho y Administración Pública, que no solo te enseñan la teoría, sino que te sumergen en los debates reales que están definiendo el futuro de Colombia.  

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