Mientras crece la delincuencia en Bogotá, también aumenta la apatía y la anestesia social. ¿Qué hacer ante la inseguridad?

La preocupación por el incremento de los casos de robos, sicariato, vandalismo, extorsión, microtráfico y riñas, entre otros delitos, se volvió motivo de conversación en la ciudad. Sin embargo, ¿la inseguridad es solo cuestión de percepción o también un hecho real? Esto dicen las cifras.

Solo en 2023, la capital del país reportó el mismo número de hurtos que los sumados en 7 departamentos: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Huila y Bolívar; y en América Latina, la ciudad presenta indicadores de delincuencia superiores a los registrados en Santiago de Chile, donde se cometieron 42.280 robos el año anterior; y en Buenos Aires, 55.163, lejos de los 147.666 presentados en Bogotá.

Según datos entregados recientemente por el Concejo, en la ciudad actualmente operan 72 estructuras criminales, entre grupos armados organizados como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo; grupos delincuenciales organizados, como ‘Los Paisas’, ‘Los Camilos’, ‘Satanás’ y ‘Tren de Aragua’; y grupos de delincuencia común organizados, como bandas o pandillas que desarrollan actividades relacionadas con hurto y microtráfico. Las localidades más afectadas por la inseguridad, en su orden, son: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Kennedy.

Este año, con corte al 29 de febrero, ya se han registrado 750 hurtos al comercio, restaurantes y personas, de acuerdo con un informe de Policía Nacional. Asimismo, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos se ubica en 52,4 %, es decir, 5 o 6 de cada 10 habitantes de la capital se sienten inseguros y amenazados por la delincuencia, especialmente por 4 factores: atracos callejeros, drogadicción, asaltos a domicilios y el tráfico de personas, según cifras del Programa Bogotá Cómo Vamos.

De acuerdo con Carlos Villalba, docente e investigador del programa de Humanidades y Sociología de Areandina, sede Bogotá, las disputas criminales y la transformación del mapa del crimen en la ciudad pueden atribuirse a la ausencia de cohesión social y a una falta de consolidación de las instituciones para mantener la tranquilidad. “Esta situación se refleja en una percepción generalizada de inseguridad entre la población, exacerbada, por la aparición de nuevas bandas especializadas (algunas multinacionales) implicadas en extorsión y sicariato, nuevas modalidades, modernización tecnológica criminal y por constantes disputas territoriales”.

Para Villalba, la disminución en el número de policías por habitante y los problemas de gestión, se suman a otras preocupaciones que evidencian “las limitaciones actuales de la capacidad estatal para abordar estos hechos de manera efectiva. A pesar de la disminución en tasas de homicidios con respecto a años anteriores, aumenta la extorsión y el uso de armas de fuego”, dice. Al mismo tiempo señala, que las bandas se sofistican organizativa y tecnológicamente para ser cada vez más “invisibles” a la vigilancia policial. En otros casos, las conexiones de las organizaciones ilegales con las instituciones hacen que el control del problema sea mucho más complejo.

En este contexto, según el experto, “propuestas de corto plazo como reforzar la presencia policial y actualizar las estrategias de vigilancia, nos hacen preguntarnos también por desafíos no solo de inmediato, sino también de mediano y largo plazo, que implican cambios en condiciones sociales subyacentes que alimentan la cultura delincuente en la ciudad”. A la vez, indica que hay que profundizar en el conocimiento de las llamadas “cifras negras”, de lo que no se denuncia, para conocer mejor el fenómeno.

¿El miedo se ha ido transformando en indiferencia y desesperanza?

La fuerte atención mediática en torno a los eventos violentos y el efecto magnificador de algunas fuerzas políticas, también está jugando un papel crucial en la amplificación del temor social, al enfatizar la sensación de peligro y amenaza en la vida cotidiana. Esto, sumado a la disminución en la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, contribuye a una sensación social de desprotección y desconfianza en las autoridades.

Adicionalmente, “la masiva migración venezolana, acompañada de una creciente xenofobia y cambios demográficos, están influyendo en la percepción de inseguridad y de amenaza al empleo y recursos públicos limitados”, afirma Villalba.  

De acuerdo con el docente de Areandina, ante la “anestesia social” que genera la sensación amplia de inseguridad, en las que la gente siente que no hay esperanza y que todo “depende del Gobierno”, cabe resaltar algunas opciones para que la ciudadanía también tenga un papel activo.

Una de ellas, quizá la más importante, tiene que ver con el hecho de incentivar medidas como programas de apoyo a víctimas de delitos y promoción de la mediación de conflictos. “Esto pasa por gestar entornos propicios a nivel comunitario que fomenten la confianza, la participación activa y el sentido de pertenencia. Para ello se deben gestar condiciones que promuevan la construcción de capital social, basado en relaciones de colaboración, actividades barriales, redes de solidaridad y respeto mutuo entre los habitantes de la ciudad”, señala el experto.  

Sin embargo, Villalba advierte los riesgos de que la ciudadanía tome papeles que solo les corresponden a las instituciones, como la justicia por mano propia, los linchamientos o la limpieza social, que solo fractura más la cohesión social, reconociendo que la policía y las instituciones tienen un papel exclusivo en el mantenimiento del orden público y la garantía de los derechos ciudadanos.

“En cambio, se pueden priorizar acciones que fortalezcan la cohesión social a través de actividades comunitarias inclusivas. La creación en barrios y calles de espacios seguros, de participación ciudadana y mediación intercultural acompañada de protocolos inclusivos son fundamentales para empoderar a la ciudadanía en entornos más confiables para todos”.

Adicionalmente, concluye el docente de Areandina, hay que tener en cuenta que la participación ciudadana en la construcción de una sociedad segura y justa solo podrá ser efectiva si se basa en dinámicas de inclusión social de fondo. “Es crucial reconocer que alejar a los jóvenes de grupos delictivos y promover su integración en la comunidad requiere ofrecer oportunidades claras e identificables de trabajo, educación y acceso a la cultura. Solo así se podrá combatir la violencia, y se promoverá un ambiente de convivencia y desarrollo colectivo en Bogotá”.