Cuatro datos clave para entender la crisis que tiene en cuidados intensivos la seguridad en las cárceles del país

El Gobierno Nacional lanzó un S.O.S. por la situación de inseguridad que se vive en los centros penitenciarios. La escalada de violencia tocó fondo y para enfrentar esta coyuntura el ministro de Justica, Néstor Osuna, declaró el estado de emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero.  

Esta medida radical surge como reacción a una serie de graves incidentes, incluyendo homicidios, ataques y amenazas dirigidas al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), poniendo en evidencia una profunda crisis que parece no tener límite y que hoy afecta, tanto la seguridad de los empleados, como el bienestar de los reclusos.

En cifras, de acuerdo con el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Rojas, entre 2023 y 2024 se han registrado al menos 230 amenazas en contra de dragoneantes y funcionarios de la entidad. Una alerta que se suma al reciente asesinato de un guardia en Cartagena.

El funcionario agregó que tan solo en lo que va de este año, dos trabajadores han sido asesinados, mientras que se han presentado 10 hechos violentos en contra de los establecimientos penitenciarios.

Otro dato preocupante es que, en los últimos cinco años, entre 70 y 80 servidores ha muerto en el ejercicio de sus funciones, lo que pone en evidencia la fuerte crisis carcelaria que se vive en el país.

Con el propósito de entender el impacto de la declaración de emergencia carcelaria, qué alcance tiene esta noticia y, en pocas palabras, explicar qué significa este anuncio que está generando bastante especulación, Cristina Barón, directora del Programa de Derecho, modalidad virtual, de la Fundación Universidad del Areandina, sede Bogotá, revela varios datos clave que les permitirá a los ciudadanos de a pie entender la trascendencia de una decisión que tiene en alerta máxima a todos guardias del INPEC y en vilo a las familias de los cerca de 100.000 reclusos que hay en el país.  

Los principales cambios que generará la declaratoria de emergencia

Primero, con el fin de reforzar la seguridad y desarticular las redes delictivas que operan al interior de los muros, “se podrían restringir las visitas a los reclusos, una medida diseñada para minimizar el riesgo de comunicación con el exterior que pueda facilitar actividades ilícitas y cercanía con la guardia”, afirma Barón.  

Segundo, para desmantelar aún más las estructuras criminales, es posible que se comiencen a presentar traslados estratégicos y operaciones dentro de las celdas ocupadas por los líderes de estas bandas. Estas intervenciones, explica Barón, “estarían destinadas a desorganizar las jerarquías establecidas y a reducir la influencia de estos cabecillas sobre el resto de la población carcelaria, con el objetivo de restaurar el orden y garantizar la seguridad dentro del sistema penitenciario”.

Tercero, con el propósito de reducir el hacinamiento, se especula que se podrían adoptar otras medidas de aseguramiento distintas a la detención en las cárceles, lo cual beneficiaría la gestión interna de las cárceles, e igualmente reduciría la carga sobre el sistema judicial y de seguridad. Vale mencionar que esta medida es la que genera mayor polémica y controversia entre la opinión pública.

Cuarto, a raíz de la declaratoria de emergencia carcelaria, “se proyecta una mejora sustancial en las condiciones de vida de los internos, con un acceso más amplio a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias mejoradas, lo que contribuiría a una mayor estabilidad y seguridad dentro de las instalaciones”, concluye Barón.

Abecé de un anunció que removió el sistema carcelario del país

Según la especialista, esta decisión se toma ante condiciones críticas en las prisiones, incluyendo hacinamiento severo, infraestructura en ruinas, escasez de servicios básicos y amenazas significativas a la seguridad. “Esta declaración es un reconocimiento oficial de una crisis que demanda acciones inmediatas y efectivas para proteger los derechos humanos”.

Además, agrega Barón, es un llamado de atención sobre la urgente necesidad de reformar un sistema penitenciario lleno de desafíos, reto que parece aún no ha podido resolver el Gobierno Nacional, pese a las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.

Finalmente, vale mencionar que este anuncio abre la posibilidad de transformar las prisiones en espacios de resocialización, asegurando así el bienestar de los internos y la seguridad de la comunidad en general; asimismo, abre la puerta a una serie de acciones sin precedentes en el país destinadas a reforzar la seguridad y estabilidad dentro de los muros penitenciarios y al personal que labora en los establecimientos carcelarios.