¿Cómo reducir la corrupción en la compra pública de Colombia?

La “corrupción”, que etimológicamente proviene del latín “corruptus”, que significa podredumbre, putrefacción; se encuentra cada vez más arraigada a la cultura colombiana, pues la mal llamada “malicia indígena” ha convertido en tendencia la aceptación e impulso de la cultura del “todo vale”, del “vivo vive del bobo”, del ventajoso.

De acuerdo con Juan Sebastián Jaramillo Londoño, docente de la Especialización en Contratación Pública de Areandina sede Pereira, "las grandes condiciones de desigualdad social, poco y efectivo control de las autoridades, así como las débiles sanciones por parte del sistema judicial, han generado la aprobación, tolerancia y costumbre de gran cantidad de acciones donde se materializa, entre ellas, los procesos contractuales que adelanta el Estado, una fuente perfecta para apropiarse indebidamente de los recursos públicos”.

Según cifras reveladas por la Contraloría General de la República, “a Colombia le vale la corrupción 50 billones de pesos al año aproximadamente”, la cual, para el docente Jaramillo, “la cifra es tan alta que no equivale tan siquiera a la mitad de los valores que se intentaban recaudar con la Reforma Tributaria que pretendía realizar el Gobierno Nacional en el año 2021 y que tantos dolores de cabeza ha generado al país durante los últimos meses; con el dinero público perdido en actos de corrupción, podría cubrirse dos veces el presupuesto que se requiere para el pago de deudas del país.”.

Frente a este escenario, el docente Jaramillo sugiere algunas recomendaciones que permiten disminuir el riesgo de corrupción dentro de los procesos de contratación estatal y compra pública, las cuales, pueden generar una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos públicos y finalmente, repercuten en impulsar de manera efectiva la economía local y garantizan la satisfacción de las necesidades sociales y económicas para lo cual están destinadas, sin el desvío y el favorecimiento de intereses particulares. 

“En primer lugar, deberá considerarse la participación ciudadana como una herramienta de control y vigilancia permanente a los procesos y procedimientos contractuales, la cual no se refleja únicamente con el acceso a la información en tiempo real, pues se requiere que esta función sea vista como un deber o una obligación. Así mismo, es importante implementar procesos educativos de sensibilización al ciudadano de a pie, con el fin de generar alertas tempranas con mayor alcance y efectividad ante los entes de control”, explica el especialista Jaramillo.

El docente señala además que, “los avances de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la búsqueda de garantizar procesos más transparentes y públicos mediante Plataformas Electrónicas como el SECOP II, la Tienda Virtual del Estado, entre otras, son evidentes. Dichos portales son demasiado complejos para su uso, no solamente para las entidades, sino también para los posibles oferentes, perdiendo interés para presentar sus propuestas, aunada a la poca confianza que ha generado el direccionamiento de los procesos a lo largo de los años, haciéndose necesario encontrar la posibilidad de simplificar los procedimientos en las plataformas utilizadas, permitiendo de esta manera, un mayor acceso a proponentes y veedores interesados en participar o efectuar control”.

El especialista Jaramillo considera necesario además, “reducir la discrecionalidad de las entidades públicas al momento de establecer las reglas de juego de los procesos contractuales, estrategia que ha iniciado desde la expedición de la Ley 1882 de 2018, la cual genera la obligatoriedad de utilización de Pliegos Tipo en los procedimientos de selección de obras públicas, en los que es notable el incremento de los oferentes, permitiendo garantizar una verdadera selección objetiva de los contratistas gracias a una mayor pluralidad de proponentes. Por tal razón, es importante replicar este tipo de estrategias exitosas a los demás tipos y modalidades de selección, pues su implementación permitirá garantizar procesos más transparentes y con menor riesgo de direccionamiento”.

Y agrega, “es urgente fortalecer a los entes de control con facultades de intervención inmediata al momento de evidenciar posibles riesgos de corrupción no solo en la etapa precontractual de los procesos, sino también dentro de la ejecución de estos, ya que la posibilidad de suspender un proceso de selección o un contrato ya iniciado, generará alertas que llevarán a que los recursos públicos cumplan sus finalidades”.

Cabe señalar que estas son algunas estrategias que plantea el especialista Jaramillo para reducir los riesgos de corrupción en los procesos de compra en el país, las cuales, como él afirma, “se pueden complementar también con una menor pasividad por parte de los sectores empresariales afectados por las prácticas corruptas mediante una mayor presentación de denuncias de prácticas abusivas, una mayor persecución judicial e incremento de las penas y sanciones, así como una mayor sensibilización y compromiso por parte de los ciudadanos para atacar desde diferentes frentes estas prácticas que generan tanta desigualdad en el país”.