En Colombia, como en muchos países, la contratación pública es un área compleja, marcada por desafíos significativos que requieren atención especializada. Por ello, si estás pensando en estudiar un posgrado en esta área, porque quieres contribuir a mejorar estos procesos, ¡continúa leyendo!
Indeterminación del principio de planeación, lo cual puede llevar a una falta de claridad y previsión en las etapas iniciales del proceso de contratación pública.
Esto se ve exacerbado por la desatención de la ley 80/1993 a la teoría económica, lo que sugiere una desconexión entre las prácticas de contratación y los principios económicos fundamentales.
2- Incompletitud del contrato estatal y la necesidad de renegociación constante indican una falta de definición y solidez en los acuerdos contractuales.
3- Restricción de las subastas de bienes y servicios uniformes y de uso común también se convierte en un problema de la contratación pública en Colombia. Esto reduce las opciones disponibles para los entes gubernamentales, lo que puede llevar a una eficiencia subóptima y a la falta de aprovechamiento de recursos más innovadores o especializados.
4- Exclusión normativa de ciertas entidades estatales de la ley 80/1993, esto plantea interrogantes sobre la equidad y la coherencia en el tratamiento de diferentes organismos públicos.
5- Corrupción, lamentablemente, sigue siendo un problema endémico que afecta a la contratación pública en Colombia que definitivamente hay que controlar si quieres dedicarte a esta área.
6- Sobrecostos que elevan artificialmente el valor de los contratos y disminuyen la capacidad del Estado para invertir en otros proyectos necesarios.
7- Mal manejo de anticipos, este es otro problema de las contrataciones públicas en el país, ya que los fondos no siempre se utilizan adecuadamente, comprometiendo la integridad financiera de los proyectos.
8- Contratos sin soporte presupuestal y el uso exagerado de urgencias manifiestas son solo algunas de las irregularidades que socavan la integridad y la transparencia del proceso de contratación pública, lo que puede llevar a la paralización de obras o a la elusión de procesos competitivos, abriendo la puerta a la corrupción.
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9- Ausencia de estudios de conveniencia y viabilidad de las obras, lo que sugiere una falta de rigor en la evaluación de proyectos, resultando en inversiones ineficaces.
10- Los acuerdos previos sobre el techo de la subasta y prácticas como balotas cargadas para el desempate en adjudicaciones reflejan una falta de transparencia y equidad en el proceso de contratación pública.
Por supuesto, estas prácticas no solo desvían recursos valiosos, sino que también erosionan la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
Los principios de la contratación pública en Colombia son fundamentales para garantizar procesos transparentes, eficientes y justos.
Estos están establecidos principalmente en la Ley 80 de 1993, también conocida como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y se complementan con los principios generales del derecho y los principios del derecho administrativo, siendo estos los siguientes:
Transparencia: asegura que todas las actuaciones contractuales sean claras y abiertas al público, permitiendo la participación ciudadana y la posibilidad de conocer y cuestionar los procesos.
Economía: busca la optimización de recursos, asegurando que se obtenga la mejor relación calidad-precio.
Responsabilidad: es el otro pilar fundamental de la contratación pública que exige a las entidades públicas y a los contratistas cumplir con sus obligaciones de manera eficaz, garantizando la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Además, la Constitución Política de Colombia refuerza estos principios con valores como igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, que son esenciales para el correcto funcionamiento de la contratación estatal.
Este es un procedimiento estructurado que inicia con la planeación, identificando las necesidades y, a partir de ahí, se elabora el Plan Anual de Adquisiciones.
Seguidamente, pasa a la etapa de selección, que puede ser mediante licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía o contratación directa, esto dependerá de la naturaleza y cuantía del contrato. Cada modalidad tiene sus propios requisitos y procedimientos detallados en los manuales de contratación y la normativa aplicable.
Una vez definida la modalidad, se publican los pliegos de condiciones, que establecen los requisitos y criterios de selección. Los oferentes presentan sus propuestas, las cuales son evaluadas por la entidad estatal para seleccionar la más favorable.
Tras la adjudicación, se procede a la firma del contrato y su ejecución, en la que se lleva a cabo el seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de lo pactado. Durante esta fase, pueden presentarse modificaciones contractuales que deben ser justificadas y aprobadas conforme a la ley.
Una vez cumplido el objeto del contrato, se pasa a la etapa de la liquidación, que es el acto mediante el cual se finaliza formalmente la relación contractual.
Este proceso incluye el seguimiento de las actividades posteriores a la liquidación para verificar que no hayan quedado obligaciones pendientes por parte de los contratistas o la entidad estatal.
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